Mientras la sociedad española se entretiene con el vodevil que ha montado el PP con su crisis mayúscula, donde un inepto Rajoy está llevando a su partido al borde de la guerra civil, perdemos de vista las cosas importantes que están pasando en España.
Por ejemplo, que la igualdad de los españoles se diluye como un azucarillo, sus derechos se pierden en muchas comunidades, y España vuelve al neofeudalismo de los reinos de taifas, del Antiguo Régimen. La prueba, el hecho de que 15 millones de españoles no tienen derecho a educar a sus hijos en español en la propia España. Lo denuncian Pablo Gay-Pobes de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, en el País Vasco; Gloria Lago de Galicia Bilingüe; Marita Rodríguez de la Asociación por la Tolerancia, en Cataluña; y Jorge Campos del Círculo Balear.
Unos valientes pero limitados colectivos cívicos defienden ese derecho inalienable mientras los partidos tradicionales se colocan de perfil. Esta ignominia la inició el PP del sedicente centrista (sic) Fraga en Galicia y la ha rematado la alianza social-nacionalista después; la perpetra el PNV en el País Vasco; la comenzó CiU y la concluye el tripartito social-nacionalista en Cataluña; la desarrolla el pentapartito social-nacionalista de Baleares.
Esta es la realidad de la política española; mientras unos disfrutan del poder y otros se pelean por alcanzarlo, nadie defiende los derechos de los españoles ni la auténtica democracia. Bueno, alguien sí, pero es una sola diputada en Cortes frente a 349.
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