El Régimen del 78 está colapsando, y nadie parece querer enterarse. El Estado democrático construido durante la Transición, después de cuarenta años de dictadura, ha comenzado a derrumbarse, una vez ha cumplido con un papel histórico durante otros casi cuarenta años.
El hundimiento comienza por su cúspide, la Corona, con un Rey al que durante un tiempo y en aras de preservar el inicialmente débil Estado democrático se le permitió una total opacidad, no ya en su agitada vida personal, que a muchos no nos importa, sino en su actuación pública y sus turbios negocios. La Casa Real está corrompida, y lo de la Infanta Cristina y su marido Urdangarín es tan sólo un fleco colateral.
Pero el podrido 'establishment' sigue por una partitocracia antidemocrática, formada por un bipartidismo imperfecto PP-PSOE, con su apéndice de Izquierda Unida y sus hemorroides nacionalistas. Entre todos han montado una casta política impermeable a los ciudadanos, que les ha permitido organizar una corrupción y un despilfarro descomunales, que en cuanto se ha acabado el ciclo económico expansivo han llevado al Estado a la quiebra.
A continuación tenemos un duopolio sindical subvencionado, UGT-CCOO, que unido a una Patronal igualmente subvencionada, han conducido a una economía cerrada, proteccionista y carne de cañón propicia para la corrupción.
Todo ello ha convertido el Estado incipiente definido por la Constitución en una estructura completamente enloquecida, donde junto al gobierno central coexisten 17 microestados autonómicos con competencias propias del Estado central, 50 diputaciones sin servicio pero 'okupadas' por cargos de la partitocracia, y más de 8.000 ayuntamientos, más de la mitad de los cuales no son eficientes y deberían estar fusionados por no tener masa crítica para funcionar.
Ante esta crisis económica, primero el PSOE arruinó al Estado con su despilfarro de izquierdas, y luego el PP ha arruinado a los españoles con sus impuestos y recortes sociales de derechas, en lugar de adelgazar el Estado de tantos millones de parásitos suministrados por la partitocracia. Y frente a la desesperación de millones de ciudadanos que se ven sin trabajo, sin dinero, ahogados por las hipotecas, por los alquileres, por los fraudes bancarios -especialmente de las Cajas de Ahorros, auténticas cuevas de Alí Babá organizadas por las CCAA para saquear los dineros públicos-, nadie del 'establishment' hace nada.
En consecuencia, comienzan a aflorar movimientos ciudadanos minoritarios, impulsados o parasitados por la aletargada extrema izquierda española y sus variantes separatistas, siempre totalitarias, desde el 15-M a la PAH, que obtienen crédito ante la gente desesperada. Y PP y PSOE en las Cortes, y los nacionalistas en Cataluña y País Vasco, siguen sin inmutarse, con sus despilfarros y sus corruptelas.
España se enfrenta a una situación explosiva, y pronto tendrá que elegir entre la anarquía revolucionaria que nos llevará al desastre total como Estado y como nación, o a la reforma de la constitución para refundar el Estado nacido en 1978, con tres objetivos clave:
- Reforma de la Ley Electoral para acabar con la partitocracia
- Reforma del Poder Judicial para traer la separación de Poderes a este país y propiciar la imprescindible independencia de los órganos judiciales
- Reforma de la estructura del Estado para acabar con la hipertrofia de las CCAA, devolver las competencias nacionales al Estado central, eliminar las diputaciones y fusionar los ayuntamientos pequeños.
O sea, los ciudadanos hemos de elegir entre el caos revolucionario y la regeneración democrática. Recordémoslo cuando vayamos a votar.
