Cuando nuestro país atraviesa la peor crisis de su historia democrática, cuando esta nueva y rica España que parecía un 'Titanic' insumergible se hunde sin remedio en las profundidades del océano, cuando la situación es más desesperada que nunca y sólo cabe confiar en la pericia de los gobernantes para 'salvar los muebles' en medio del desastre, la percepción sobre nuestra casta dirigente no puede ser más deprimente.
Ahí tenemos al jefe de la
oposición socialista, Rubalcaba, el corresponsable de la actual situación del
Estado porque dejó España arruinada como país y descuartizada como nación, clamando
contra el gobierno del PP, negando su apoyo a los acuerdos nacionales que antes
reclamó, y apareciendo como un patético y resentido demagogo.
Pero ahí tenemos al flamante
nuevo presidente de gobierno, Rajoy, con su mayoría absoluta, con sus medidas
antisociales que no van al fondo de las causas políticas que han convertido este
Estado en inviable e insostenible, que no son otras que la corrupción y el
despilfarro generalizados en las Autonomías y la partitocracia, y que abrumado
por su fracaso en cien días de gobierno se ha escondido en el garaje del Senado
a esperar ilusamente que escampe.
Sólo nos faltaba que la
institución que reina pero no gobierna, la que debe dar una imagen de solidez y
ejemplaridad por encima de la política y los políticos, la monarquía
constitucional, esté también naufragando envuelta en procesos judiciales gravísimos,
trifulcas familiares y accidentes cinegéticos del mismísimo Rey de España en el
África tropical propios de una época y un país que ya no existen.
Esta nación está al borde
del abismo pero sólo una pequeña parte de la sociedad reclamamos lo único que
puede evitar el naufragio: una refundación total del Estado, que comience por la
abdicación de un Rey irresponsable en el Príncipe Felipe, y prosiga por la
reforma de la Constitución para racionalizar el Estado de las autonomías,
eliminar diputaciones y fusionar ayuntamientos, dotarnos de una Justicia
auténticamente independiente y de una ley electoral justa y equitativa,
embridar a la partitocracia y al duopolio sindical, y en definitiva alumbrar un
Estado acorde con nuestra realidad.
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