Cuando la crisis económica está ya afectando también al Estado, cuando las comunidades autónomas -que tienen transferidas la mayoría de las competencias- están empezando a hacer recortes en los servicios a los ciudadanos, especialmente en los dos pilares del Estado de bienestar como son la Educación y la Sanidad, cuando especialmente en Cataluña estamos sufriendo en carne viva la desaparición paulatina de la Sanidad Pública por los recortes financieros enormes que está aplicando Artur Mas mientras derrocha miles de millones de euros en el adoctrinamiento nacionalista, ahora más que nunca hay que clamar contra este Estado inviable que padecemos.
La constitución de 1978 tuvo grandes virtudes, pero también grandes
defectos, como todo en esta vida. Han pasado más de treinta años y la oligarquía
que ha gobernado España desde entonces, el PPSOE con las muletas nacionalistas,
ha sido incapaz de cerrar del desarrollo autonómico, posterior a 1978, y de corregir
aquellos aspectos que la praxis ha demostrado erróneos o ineficaces.
A día de hoy está claro que esta España de las taifas conforma un Estado inviable. Las duplicidades y
hasta triplicidades de funciones a nivel central, autonómico y provincial se
entrelazan como un laberinto. Los funcionarios y cargos de libre designación se
multiplican por tres. Incluso la corrupción, hasta cierto punto consustancial
con la humana política, se multiplica por tres. Y luego está la extravagancia
de tener más de 8.000 ayuntamientos, cuando los principales países del entorno
han fusionado los pequeños para racionalizar la superestructura política que gestiona
la vida local, además de reducir drásticamente la probabilidad de despilfarro y
corrupción.
Por eso como segunda petición a los partidos de la oposición que pueden
relevar al PSOE, partido en estado de 'corpore insepulto' por la negligencia de
Zapatero y la demagogia de Rubalcaba, el que firma estas líneas apunta este segundo
eslabón para la regeneración democrática: Racionalización
del Estado, es decir, simplificación radical de los cuatro niveles de la
administración del Estado, a saber: devolución al gobierno central de los
pilares del Estado del bienestar Educación y Sanidad, eliminación de ministerios
de competencias ya transferidas a las autonomías, eliminación de consejerías
redundantes, eliminación de las diputaciones, y fusión de todos los
ayuntamientos menores de un número determinado de habitantes. Sin este segundo pilar
del Estado democrático, su racionalización, nuestra España inviable se irá por
el desagüe de la historia.
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