Los primeros acuerdos de la oligarquía partitocrática con ETA parece que se están implantando con éxito. No decimos del PSOE, porque ha trascendido que Rubalcaba, el muñidor de la infamia, ha logrado el beneplácito del rasputín del PP, el 'piadoso' Trillo. Ambos pudieran haber llegado a un acuerdo para desarrollar una estrategia común ante ETA.
En primer lugar, no ir a la demanda de ilegalización de Bildu, la decimotercera careta del frente político etarra, sino denunciar lista por lista (¿todos los ayuntamientos del País Vasco y Navarra?), lo que según la confección de participantes en cada una, dará un resultado parecido al que se obtuvo con las candidaturas de ANV, décimo avatar de ETA: la mitad de los candidatos terroristas entraron en las instituciones.
En segundo lugar, Rubalcaba ha movido sus hilos en la Judicatura para que se acelere la excarcelación de etarras. Recordemos que en España no existe separación de poderes porque PSOE y PP pactaron el ominoso atentado a la independencia judicial, por el cual todos los órganos de gobierno judiciales y el Tribunal Constitucional se reparten entre las diversas 'ganaderías' socialistas, populares y nacionalistas. Por ese apaño el PP también es responsable de los desbarres del T.C. en asuntos trascendentales como el estatuto de Cataluña o esa asombrosa doctrina que permite salir a un condenado a 2.740 años al cabo de tan sólo 24, cuando lo preceptivo, aunque irrisorio, era el máximo de 30 años.
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