Ante las demoledoras críticas que ha suscitado la nueva ley catalana del CAC, incluso entre los defensores del tripartito como Pilar Rahola, por ser una ley antidemocrática, inquisitorial, totalitaria, han salido los voceros propagandistas de PRISA & ASOCIADOS, tanto mediáticos como políticos, aduciendo que en otras comunidades como Madrid y Navarra también existen consejos de esa ralea.
Como siempre, la agencia de publicidad ZP dice a medias verdades y mentiras, con resultado final de engaño masivo. El problema no es que exista un CAC, un Consejo de Medios Audiovisuales, con funciones muy limitadas de tipo administrativo y consultivo. El problema es que el CAC catalán de Maragall –como el equivalente que quiere montar Montilla para toda España- es en realidad un TAC, un Tribunal Audiovisual de Cataluña, con poder ejecutivo para sancionar y cerrar medios de comunicación si no placen a la mayoría del Tribunal, emanado de la mayoría del Parlament.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa lo ha denunciado claramente, comparándolo con las leyes franquistas y pidiendo su desmantelamiento inmediato por atentar contra las normas internacionales de libertad de expresión y prensa.
El problema es pues el TAC, no el CAC.
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